Mientras Fernández iba a tribunales, miles de trabajadores protestaban en contra del gobierno de Macri.
Mientras Fernández iba a tribunales, miles de trabajadores protestaban en contra del gobierno de Macri.

La expresidenta argentina Cristina Fernández se presentó ayer ante la justicia en su tercera declaración indagatoria desde que dejó el poder, acusada de haber recibido sobornos de empresarios y lavado de dinero, entre otros delitos.

Fernández presentó un escrito de defensa ante el juez federal Claudio Bonadío, quien investiga si la exmandataria (2007-2015) formó parte junto con familiares de una organización que recibía retornos de empresarios allegados a los que supuestamente beneficiaba con obras públicas y explotación de áreas petroleras, entre otros negocios.

La exmandataria pidió a Bonadío que dicte su sobreseimiento y denunció ser víctima de una “persecución judicial y mediática que no registra antecedentes”, según el escrito que presentó al juez y que publicó en su cuenta oficial de Twitter. Fernández se retiró sin hacer declaraciones.

La exmandataria afirmó que este cerco judicial se extiende a sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes en la víspera se presentaron ante el magistrado, acusados de los mismos delitos.

“Como cualquier persona tengo derecho a ser juzgada por un juez imparcial, circunstancia que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa”, se quejó Fernández.

La expresidenta sostuvo que desde que Macri asumió el poder en diciembre de 2015 las causas en su contra fueron iniciadas por legisladores opositores a su gobierno, “que luego fueron ampliamente difundidas a través de un aparato de propaganda que solo registra comparaciones con el que tuvieron a su disposición gobiernos totalitarios”.

Bonadío quedó en condiciones de resolver en diez días la situación procesal de Fernández y sus hijos, sospechosos de haber integrado una organización que, según las denuncias de opositores, recibió entre 2003 y 2015 dinero “como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública, licencias de juego y áreas petroleras”, que fue introducido en el circuito financiero “procurando brindarle una apariencia de origen lícito”.

Esas contraprestaciones o retornos, según las sospechas del juez, se efectuaron mediante el alquiler a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López de inmuebles propiedad de la firma Los Sauces, de la que son dueños la expresidenta y sus hijos. Esa misma sociedad fue integrada por el antecesor y fallecido marido de Fernández, Néstor Kirchner (presidente entre 2003 y 2007).

Fernández rechazó que dichos contratos de alquiler sean “calificados como un supuesto lavado de dinero”. Este es el tercer proceso que enfrenta la exmandataria. Ya en 2016 afrontó cargos relacionados con su administración.