Las compañías energéticas podrán solicitar indemnizaciones a Alemania, después de que el Gobierno ordenara el cierre de varias centrales nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en 2011, sentenció el martes la Corte Constitucional de Karlsruhe (oeste).

Aunque la decisión de cerrar esas centrales era legal, los jueces consideraron que las compañías tienen derecho a reclamar una compensación “apropiada” del Gobierno.

Las compañías alemanas EON y RWE, y la sueca Vattenfall, denunciaron al Gobierno ante el tribunal en el marco de una larga batalla sobre el cierre de centrales, y exigieron indemnizaciones millonarias por lo que consideran como una “expropiación” de sus activos.

El tribunal no especificó la cuantía de las indemnizaciones a que tienen derecho las empresas, pero la prensa local asegura que los denunciantes exigen cerca de 20.000 millones de euros (unos 21.000 millones de dólares).

“Sólo habrá una compensación para cuotas energéticas atribuidas legalmente en 2002“, no las que se fijaron en 2010, indicó el juez Ferdinand Kirchhof, del Constitucional.

El Gobierno debe encontrar un acuerdo con los denunciantes antes de finales de junio de 2018, decidió el alto tribunal.

La sentencia del tribunal supone un revés para la canciller Angela Merkel, que convirtió la retirada de la energía nuclear en un buque insignia de su política.

El Gobierno de Merkel decidió detener las actividades de las ocho centrales más viejas de Alemania, a raíz del accidente nuclear ocurrido en la ciudad japonesa de Fukushima en 2011. Antes de 2022, se cerrarán las otras nueve plantas situadas en territorio alemán.

La decisión de Merkel supuso un vuelco en su política energética, ya que en 2010 había anulado el cierre de centrales ordenado por el anterior Gobierno en 2002.

El presidente de la mayor empresa energética alemana EON, Johannes Teyssen, declaró ante el tribunal en marzo que las compañías respetaban la decisión política de abandonar la energía nuclear, pero que éstas no deberían ser las únicas en pagar la factura.

“No podemos aceptar que el Parlamento ignore los requisitos constitucionales al no dar ninguna compensación“, dijo entonces.

El accidente de Fukushima “hizo necesaria, también en Alemania, una reevaluación de los riesgos relacionados con el uso de la energía atómica“, replicó en el mismo tribunal la ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks.

Las empresas se quejan de que las pérdidas provocadas por el cierre de las centrales se produjeron en un contexto de bajos precios eléctricos mayoristas y de fuerte competencia de las compañías de energías renovables como la eólica o la solar, muy subvencionadas por el Gobierno.

Algunos recordaron, sin embargo, que esas grandes empresas energéticas también beneficiaron de subvenciones masivas cuando se abrieron las centrales nucleares.

La sentencia del Constitucional podría tener un impacto en las actuales negociaciones entre el Gobierno y los operadores de central nucleares sobre la gestión de los residuos atómicos.

Según un proyecto de ley aprobado en octubre, Vattenfall, EON, RWE y EnBW deberán aportar 23.500 millones de euros a un fondo estatal para el almacenamiento de los residuos nucleares de aquí a 2022.

Aunque se aprobó el texto legal, las condiciones exactas del contrato entre las compañías y el Gobierno aún se están negociando.