Papademos sale de la reunión con los líderes políticos.

Grecia espera que sus socios europeos le otorguen el jueves un nuevo paquete de ayuda para salvarla de la quiebra pese a que las discrepancias en la coalición de Gobierno le impidieron cerrar el duro programa de ajustes reclamado por los acreedores.
Las negociaciones se llevan a cabo en un contexto social explosivo: las dos principales centrales sindicales -Adedy (empleados públicos) y GSEE (privados)- llamaron a una nueva huelga general para el viernes y el sábado, después de la huelga y las marchas que el martes congregaron a más de 20.000 personas en Atenas.
Los sindicatos, al igual que numerosos políticos y analistas, consideran que los ajustes sólo pueden agravar la situación de un país que entra en su quinto año de recesión y que, según se reveló el jueves, superó en noviembre el millón de desocupados (1,02 millones), una cifra en alza de 48,7% respecto a un año antes. En noviembre, el desempleo afectaba al 20,9% de la población activa.
“Viajo a Bruselas con la esperanza de que el Eurogrupo tome una decisión positiva sobre el nuevo plan de ayuda”, declaró el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, antes de dirigirse a la reunión con sus pares de la Eurozona, que se iniciará a las 17H00 GMT en la capital comunitaria.
“Todavía quedan cuestiones por resolver hasta la reunión del Eurogrupo”, subrayó Venizelos, tras una noche de infructuosas tentativas para acercar posiciones entre el Gobierno de Lucas Papademos y los líderes de los tres partidos del gobierno de unión nacional (socialistas, conservadores y ultraderecha).
Grecia espera obtener el desbloqueo de al menos 130.000 millones de euros, correspondientes al segundo plan de rescate de sus finanzas acordado en octubre.
Atenas negocia con plazos apretados, pues el próximo 20 de marzo enfrenta vencimientos de obligaciones por 14.500 millones de euros y de no disponer de esa suma caería en una situación de default.
Los tres partidos de la coalición están de acuerdo en “todos los puntos menos uno”, indicó un comunicado de los servicios del primer ministro.
El punto que queda por resolver es “la reducción de las jubilaciones”, precisó una fuente gubernamental.
El portavoz del Gobierno, Pantelis Kapsis, explicó que para cerrar el acuerdo aún hacía falta realizar recortes por unos 600 millones de euros, 325 millones de los cuales deberían proceder de tijeretazos en las pensiones.
“Para el resto (275 millones de euros), los acreedores nos dieron quince días de plazo suplementario para encontrar una solución”, reveló.
La “troika” de acreedores formada por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) supedita la liberación de los fondos a la elaboración de un plan al que adhieran todas las formaciones de la coalición.
Un default de Grecia podría tener un efecto dominó y comprometer la existencia de la Eurozona, según numerosos analistas, aunque en los últimos días hubo responsables políticos que evocaron la posibilidad de que Atenas abandone ese bloque formado actualmente por 17 países.
Según una fuente gubernamental, los representantes de la troika mantuvieron discusiones con Papademos tras la reunión de más de ocho horas que el jefe de Gobierno mantuvo con los líderes de su coalición.
Según filtraciones de prensa, las medidas incluyen un recorte del 22% del salario mínimo (que pasaría a unos 586 euros mensuales para los 325.000 asalariados afectados), reducciones en las pensiones y una supresión rápida de 15.000 empleos en la función pública.
Estas medidas se sumarían a las ya impuestas en contrapartida del primer plan de ayudas UE-FMI por un monto de 110.000 millones de euros en mayo de 2010.
El dirigente ultraderechista Giorgos Karatzaferis abandonó la reunión poco antes de su interrupción. “No puedo comprometerme en una hora con un plan que va a cambiar al país durante 40 ó 50 años sin tener la garantía (legal) de que estas medidas sacarán al país del callejón sin salida”, declaró.
Y el líder conservador Antonis Samaras subrayó que “las negociaciones sobre la cuestión de las pensiones se proseguirán”. “En estos momentos difíciles, debemos prestar atención a los jubilados”, declaró.
Grecia negocia además con sus acreedores privados para una condonación de unos 100.000 millones de euros de su deuda soberana.
La deuda griega totaliza unos 350.000 millones de euros, equivalentes al 160% del PIB, y esa quita le permitiría reducirla al 120% del PIB en 2020.
Si los partidos griegos dan su acuerdo, el programa de reformas deberá someterse a la aprobación del Parlamento, con vistas a su votación el domingo.
La coalición gubernamental cuenta con 255 escaños de un total de 300 en la Cámara de Diputados.
El precio político de estas medidas impopulares amenaza con ser elevado para unos partidos que se preparan a celebrar elecciones legislativas anticipadas en marzo o abril. Por esta razón, los acreedores desean el compromiso de todas las fuerzas políticas de que mantendrán el programa de recortes y reformas.