El Gobierno de EE.UU. anunció este viernes 3 de agosto que cobrará 465 dólares a los miles de estudiantes indocumentados que desde el próximo 15 de agosto podrán solicitar que se suspenda su deportación y un permiso de trabajo temporal, dentro del llamado proceso de acción diferida.

Durante una conferencia telefónica, el director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS, en inglés), Alejandro Mayorkas, presentó la tan esperada guía para solicitar un alivio temporal renovable de dos años.

El pasado 15 de junio, el presidente de EE.UU., Barack Obama, emitió una directriz bajo la cual el Gobierno se enfocará en la expulsión de criminales y no en la de extranjeros que llegaron a EE.UU. siendo menores y reúnen otros requisitos.

“En los últimos tres años, esta Administración ha realizado esfuerzos sin precedentes para transformar el sistema de inmigración, de tal manera que se centre en la seguridad pública, la seguridad fronteriza y la integridad del sistema”, dijo Mayorkas.

Según explicó Mayorkas, las tarifas se usarán para financiar el programa.

Los estudiantes indocumentados, incluyendo los que están detenidos o en proceso de deportación, podrán solicitar la “acción diferida” si tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal.

Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria, o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos y someterse a una extensa revisión de antecedentes penales.

El proceso será completamente confidencial y las autoridades no compartirán la información con Inmigración, a menos que el solicitante tenga condenas criminales y suponga una amenaza para la seguridad pública o nacional del país, dijo.

El Gobierno estudiará cada solicitud “caso por caso” y quienes mientan en los formularios quedarán sujetos a un proceso judicial y la expulsión del país, advirtió Mayorkas.

Más adelante, un funcionario de alto rango de la Administración, que pidió el anonimato, aseguró que se excluirá del proceso a quienes hayan cometido delitos graves o al menos tres delitos menores.

Así, quedarán eliminados del proceso los que tengan condenas por delitos con armas, violaciones, robo y manejar borrachos o bajo la influencia de sustancias tóxicas (DUI, en inglés)..

Agregó que el Gobierno sopesará suspender la tarifa en “circunstancias excepcionales”, como personas indigentes o que viven en extrema pobreza.

Desde el anuncio de junio, las autoridades han suspendido la deportación de unos 1.200 estudiantes que estaban en proceso de expulsión, dijo el funcionario.

Aunque USCIS no ha evaluado el volumen total de solicitantes, el Centro de Política Migratoria (IPC, en inglés) ha calculado que al menos 1,3 millones de estudiantes indocumentados podrían beneficiarse del alivio migratorio.

La mayoría de éstos se encuentra en California (412.560), Texas (226.700), Florida (85.750), Nueva York (70.170), Illinois (67.460), y Arizona (53.880), en ese orden, según IPC.

El legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, dijo en un comunicado que aunque 465 dólares es mucho dinero para la mayoría de las familias, “el alivio del miedo constante a la deportación y la separación de sus familias no tiene precio”.

Tras registrar cifras récord de deportaciones desde 2009, Obama anunció la directriz en pleno año electoral, en respuesta a fuertes presiones políticas de líderes demócratas del Congreso y grupos pro-inmigrantes en todo el país.

Los republicanos, que recetan “mano dura” contra los indocumentados, aseguran que esta iniciativa no es más que una “amnistía” inmerecida para quienes violan las leyes migratorias del país.