Setenta y nueve gitanos, que aceptaron acogerse a un plan de ayuda al retorno voluntario de 300 euros por adulto y 100 euros por menor, serán repatriados el jueves desde Francia a Bucarest, anunció este martes el ministro francés de Inmigración, Eric Besson.
Se trata, según él, del 25º vuelo de este tipo desde el inicio del año hacia Rumania y Bulgaria.
El ministro francés del Interior, Brice Hortefeux, anunció por su parte este martes que 51 campamentos ilegales de gitanos habían sido desmantelados este verano (boreal) en toda Francia. Según él, hay 600 campamentos ilegales en el país.
“En total, unos 700 gitanos serán llevados a su país de aquí a fin de mes” en avión, anunció el ministro, y precisó que los vuelos estaban previstos el jueves y el 26 de agosto, y un tercero “a finales de septiembre”.
En 2009, 44 vuelos de este tipo fueron organizados, y 10 000 rumanos y búlgaros llevados a sus países, según las autoridades francesas, que reconocen, sin embargo, que las personas expulsadas, miembros de la Unión Europea, podrán regresar a Francia sin visado y quedarse durante tres meses sin justificación.
“Pero no podrán permanecer en situación irregular y menos recibir una ayuda al regreso voluntario”, precisó Eric Besson.
Más allá de ese tiempo, deben tener un empleo, estudiar o tener recursos suficientes.
Unas 400 000 personas, francesas en un 95%, forman parte de la comunidad gitana en Francia.
El resto está formado por gitanos de origen búlgaro, rumano y de otros países balcánicos, cuyo número va en constante aumento, según el gobierno.
Se calcula que hay 15 000 gitanos en situación irregular en Francia.
Además de esas expulsiones en serie, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que acaba de dar otra vuelta de tuerca en la lucha contra la inseguridad, dijo recientemente que quería retirar la nacionalidad francesa a los criminales de origen extranjero.
La ONU criticó con severidad a Francia por establecer una relación entre inmigración e inseguridad. En Francia, el gobierno de derecha fue acusado por la izquierda de promover un “racismo de Estado”.
“Esta política de la humillación da una visión degradante de la acción pública. Francia no es un país racista. Pero al activar las pulsiones del racismo, el Ejecutivo ridiculiza nuestros principios y nuestros valores”, consideró el martes el diario Le Monde.
Pero no solamente la oposición, también algunas voces de la mayoría empiezan a criticar la política de seguridad de Sarkozy.
Un diputado de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, en el poder) , dijo reiteradas veces que la expulsión de gitanos era “horrorosa” , y condenó “los métodos que recuerdan las redadas durante la (segunda) Guerra”.
Otro diputado de la UMP, Bernard Debré, subrayó este martes que no se puede establecer una relación directa entre inseguridad e inmigración. “Hay terroristas franceses, hay criminales franceses”, recordó.
Pese a sondeos contradictorios, el gobierno está convencido de que todo este tema fortalece a Sarkozy de cara a las elecciones presidenciales de 2012, luego del escándalo político-financiero de los últimos meses protagonizado por el ministro del Trabajo, Eric Woerth, y la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, y que salpica al propio presidente.