El año que concluye ha sido el peor para los trabajadores como consecuencia de la errada política económica y laboral del gobierno, que ocasionó la destrucción de un millón de empleos en el sector privado, de acuerdo con las proyecciones de la Unión Nacional de Trabajadores.

Las cifras de la Unete están basadas en la información suministrada por las organizaciones sindicales en las zonas industriales y comercios de todo el país. “Todavía está la incertidumbre de que por el agravamiento de la situación económica en enero de 2017 cierren más empresas y negocios, lo que pone en peligro otros 500.000 puestos”, alertó Servando Carbone, coordinador de Unete.

El representante de la central obrera explicó que solo con los saqueos de 360 comercios durante los recientes disturbios de Ciudad Bolívar más de 1.000 personas se quedaron sin trabajo. Señaló que las empresas e industrias atraviesan una situación dramática debido a la falta de divisas para importar materia prima y los insumos que les permitan continuar con los procesos productivos.

Sobre el sector público indicó que el 31 de diciembre 300.000 trabajadores de los organismos quedarán sin empleo porque vencieron sus contratos de trabajo a tiempo determinado. “Seguro que el presidente Nicolás Maduro prolongará el decreto de inamovilidad, una mentira del gobierno porque él es el responsable de la destrucción de los empleos”, sostuvo Carbone.

La salida masiva de los trabajadores de la administración pública y las empresas privadas se traducirá en el crecimiento de la economía informal que, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, ocupa actualmente 6,06 millones de personas: 43% de 14,1 millones de individuos de la población económicamente activa.

Otra materia pendiente del Estado con sus 2,8 millones de trabajadores es la discusión y firma de 500 contratos colectivos vencidos desde hace 5 años con alcaldías, gobernaciones y otras instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada.

En cuanto a las convenciones firmadas en 2016 (los contratos colectivos marco del sector público, eléctrico y petrolero) Carbone refirió que “el patrono Estado escatimó los derechos de los trabajadores como ocurrió con la bonificación de fin de año, ya que percibieron 30% menos porque no les incluyeron las incidencias salariales”.

La bonificación del salario es otra mala praxis gubernamental de 2016 señalada por la Unete, pues por los decretos presidenciales 60% del ingreso de los trabajadores quedó para comprar comida a través del ticket alimentación, mientras que el 40% restante corresponde a salario.

“Los aumentos exclusivos al sueldo mínimo y el bono de alimentos se volvieron sal y agua con la elevada inflación”, denunció el sindicalista. Recordó que en 1997 se eliminó la bonificación salarial fuertemente criticada entonces por quienes hoy están en el poder.

Carbone indicó que 3,4 millones de pensionados del Seguro Social esperan por el pago del ticket de alimentación y medicinas prometido por Maduro en febrero de 2014.

La conflictividad laboral también aumentó en 2016. Carbone agregó que diariamente se registraron acciones de protesta como tomas pacíficas de centros de laborales y calles, paralizaciones de actividades y reclamos ante el Ministerio del Trabajo y los tribunales laborales.

La economia el sureño obliga a observar  las caras largas de los usuarios  denominador común en la cola ante la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas. Acudieron a la entidad a reclamar el compromiso incumplido de que les transfirieran a sus cuentas el monto equivalente a los billetes de 100 bolívares depositados en el instituto emisor.

La fuerte presencia de guardias nacionales no fue impedimento para expresar el disgusto. “Esto es una burla, después de 13 días no he recuperado mi dinero”, afirmó José Holmedo, que depositó el 16 de diciembre 67.500 bolívares en billetes de 100 después de estar en cola entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

En la taquilla del BCV le dijeron que en 72 horas tendría la suma en su cuenta personal en la agencia de un banco público, en Catia. “Todos los días voy y recibo la misma respuesta: no esta en el registro, y poco efecto tiene que les enseñe el certificado que me dieron en el BCV. No soy rico, pero necesito esos reales”, manifestó.

Emilio Rivas, residente en Guarenas, contó que el sábado 17 de diciembre hizo una enorme cola (llegaba hasta la avenida Panteón) desde las 3:00 am hasta las 12:45 pm para canjear 20.000 bolívares. “El plazo de 72 horas ha pasado con creces y en el banco privado donde tengo la cuenta me informan que no hay depósito. Lo mío es poco, pero me imagino los problemas que está pasando la gente que llevó grandes sumas de dinero”, indicó.

Durante la espera, la gente se molestó con dos polinacionales que ingresaron al BCV sin hacer cola y mostrando sin rubor fajos de billetes de 100. A los pocos minutos, salieron con billetes de otra denominación.

Roberto Fernández, habitante de Caracas, señaló que como no tenía cuenta debió abrirla en un banco del Estado, a la cual el BCV transferiría los 25.000 bolívares que tenía en billetes de 100. “Diariamente acudo a la agencia, pero hasta ahora no me han depositado porque la cuenta tampoco ha entrado en operación. De nada vale enseñar el papel que me dieron en el Banco Central”.

Olga Román trabaja como personal de limpieza en una empresa y vive en Los Valles del Tuy. “He tenido que pedir permiso varias veces para ir al Banco Central y averiguar mi situación, pero no me dan una respuesta satisfactoria. Siempre me envían a la agencia bancaria donde tengo la cuenta, y viceversa. Esto es un peloteo y una perdedera de tiempo”.

La orden del presidente Nicolás Maduro del 11 de diciembre de sacar de circulación los billetes de 100 en tres días agarró a Román con 16.000 bolívares. “A un amigo si le dieron su plata rápido. Claro, a él se lo depositaron en el banco de las Fuerzas Armadas, pero los demás tenemos que cobrar con retraso aunque prometieron que sería en 72 horas”.

Los usuarios que estaban en cola en el BCV coincidieron en que el Ejecutivo debe prrogar el plazo de circulación provisional de los billetes de 100 más allá del lunes 2 de enero. A pocos metros de la fila se estacionó un camión blindado rodeado de guardias nacionales. “¿Serán los billetes de 500 bolívares que nadie ha visto todavía?”, se preguntó Román.

Y en cuanto a seguridad el panórama es desolador, el Observatorio Venezolano de Violencia califica los delitos de este año como los más cruentos, debido al empobrecimiento, la escasez y a las OLP

La activación de la Operación de Liberación del Pueblo, desde julio de 2015, el empobrecimiento y la carestía de alimentos, productos y servicios básicos han incidido en que este año los delitos hayan sido más violentos que en años anteriores, de acuerdo con los registros del Informe Anual del Observatorio Venezolano de Violencia.

En el documento se señala que la proyección para 2016 es que cerrará con 28.479 muertes violentas, que se traduce en una tasa de 91,8 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2015 se habían proyectado 27.875 muertes.

La OVV prevé que los homicidios legalmente aceptados son 18.230 y las muertes en averiguación son 4.968 por no haber tenido una intencionalidad conocida o porque faltan denuncias. Este año, además, aumentaron las víctimas por resistencia a la autoridad, con una proyección de 5.281 muertes por esta causa.

“En años anteriores 65% del total de víctimas por resistencia a la autoridad concluía en casos fatales, pero los resultados de este año, con análisis de cifras primarias, nos indican que ese indicador ha aumentado a 79% y eso tiene que ver con las operaciones y acciones que se han desarrollado este año (OLP)”, explicó el criminólogo Roberto Briceño León, director del OVV.

Este año el estado Aragua se posicionó como el más violento del país, con una tasa de 142 muertes por 100.000 habitantes, y desplazó al Distrito Capital que registró 138 muertes. En 2012 esta entidad se ubicaba en tercer lugar con una tasa de 92. En segundo lugar se encuentra Miranda con 149 muertes por 100.000 habitantes, y Distrito Capital con una tasa de 138 fallecimientos.

Estos 3 estados, además, también lideraron en la tasa de homicidios por resistencia a la autoridad: Aragua punteó con una tasa de 25,2; Miranda, con 19,7 y Distrito Capital, con 19,9 por cada 100.000 habitantes.

Consecuencias de la crisis. Hay cuatro tipos de respuestas ciudadanas que demuestran el aumento de la violencia. Por lo menos, hay entre uno y tres linchamientos a la semana con víctimas fatales. La característica de este delito cambió: anteriormente ocurrían en personas que habían ejecutado crímenes como asesinatos o violaciones, pero ahora las víctimas son las que cometen delitos comunes como robos o hurtos, y hasta personas inocentes. El segundo delito es el incremento por muertes por encargo (sicariato) con un registro de uno a cuatro cada semana en el país.

Otras respuestas que no han sido cuantificadas son “la generalización del miedo y la pérdida de la libertad en la población” y un impacto en el desplazamiento de la población por la violencia, sobre todo en zonas de paz. Aún se desconoce cuántas familias están en esta situación.

El criminólogo aclaró que este año el observatorio intentó superar otra vez las limitaciones que ocasiona no tener acceso a la información oficial desde 2003, con la utilización de varias fuentes: datos primarios recibidos de fuentes policiales que, a su vez, fueron contrastados con los reportes de la prensa que hacen los observatorios de las universidades nacionales ubicados en San Cristóbal, Mérida, Cumaná, Barquisimeto, Ciudad Guayana y Caracas, y con entrevistas a personas involucradas en los casos.

Estas cifras posicionan a Venezuela como el segundo país más violento después de El Salvador, que tiene una tasa de 100 homicidios por 100.000 habitantes.

“Nuestros cálculos indican que al finalizar 2016 Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de homicidios, y con una tasa de 25,3 por cada 100.000 habitantes al finalizar este año igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil”, cita el informe.

“La violencia no está exenta de las relaciones e impactos que tienen las crisis económicas, de la democracia y del modelo político, porque al fin y al cabo el control de la violencia es una manera de convivir. Uno convive con mecanismos de acceso a los recursos, a la comida o con mecanismos de acceso al poder y de cambio de poder. Cuando todos esos mecanismos se cierran, se bloquean y se convierten en informales e, incluso, en violentos. Las respuestas que tenemos es lo que vemos en Venezuela. Sin embargo, esta violencia no es una maldición irreversible, sino que es el resultado de políticas públicas equivocadas y, cambiándolas, esta situación podrá revertirse”, concluyó el criminólogo.

Policías víctimas y actores del delito

La victimización de policías ha aumentado. Para el año que cierra, en Caracas ultimaron a un promedio de 2,5 policías cada semana, y al mismo tiempo hay más evidencia de funcionarios policiales y militares involucrados en delitos.

“La OLP, en sí misma, es una concepción de guerra. Cuando la seguridad ciudadana es una política de paz. Las acciones en las cuales se emprende con una concepción militar, de fuerza y capacidad de fuego hacia una política de seguridad ciudadana, se obtiene lo que estamos viendo: un incremento de muertes de policías, una respuesta más violenta de los delincuentes hacia policías y ciudadanía”, explicó Briceño León.