Por Jaume Catalán Díaz
La decidida voluntad europea de paralizar las conversaciones sobre la incorporación de Turquía a la Unión Europea con el gobierno de Erdogan se topa con el hecho de que Turquía es una frontera clave para la inmigración y un agente vehicular de la ayuda a los refugiados. La obligada interlocución con el gobierno turco no debe condicionar las exigencias de libertad y de respeto a los derechos humanos fundamentales. La propuesta de un proyecto de ley que perdone los abusos a menores en determinadas condiciones, ahora frenado, o la aprobación de la pena de muerte por el gobierno de Erdogan, supondrían auténticas líneas rojas.

La Unión Europea se ve obligada a buscar un entendimiento razonable con Turquía, pero eso no implica asociarla al proyecto europeo a cualquier precio.